| Mesa 1 |
| La formación de Nueva España y la consolidación de una monarquía compuesta (1535-1640) |
Dr. Francisco González-Hermosillo La ponencia versará sobre los parámetros cosmogónicos que fueron plasmados en las instituciones de gobierno señorial, con especial énfasis en el diseño de la geografía política nahua al momento del contacto. Los gobiernos duales y las confederaciones cuatripartitas propias de las principales entidades políticas indias del valle de Puebla-Tlaxcala , así como las adaptaciones que experimentaron en su conversión en provincias novohispanas, serán las que ilustren la exposición. |
Dr. Salvador Cárdenas La naturaleza jurídica de la jura real se expresa en el llamado "pleito-homenaje", que crea y califica el carácter de la obligación política de los vasallos libres de la corona hacia el rey, que encarna el poder soberano. Ya la palabra "homenaje" -según Solórzano Pereira- nos dice relación a la idea de "hombre atado u obligado a otro, por razón del juramento". En esta ponencia se analizarán dos aspectos de la historia de la jura real, que era a la vez una ceremonia y una institución jurídica. El primero se refiere a sus orígenes medievales en España, y el segundo a sus peculiares características en el Nuevo Mundo. Especialmente al "pactismo indiano", como base del ceremonial de la jura y de su simbología jurídica. El periodo estudiado abarca desde la jura de los reyes doña Juana y Carlos, su hijo; así como la de Felipe II en enero de 1556, hasta la de Fernando VII en 1814. De modo especial se centra en las más fastuosas, que pertenecen a la época barroca. Se hace, además, una breve referencia a las principales imágenes representativas del poder monárquico expresadas en la emblemática y en la ceremonia, así como a sus variaciones de significado a través del tiempo. |
Dra. Leticia Pérez Puente Con el respaldo de una serie de derechos patronales, así como de una tradición que se remontaba a la época de Constantino, y aún a los emperadores romanos, quienes eran pontífices máximos de la religión oficial, los reyes del estado moderno participaron en casi todos los ámbitos de la vida eclesiástica de sus territorios. Particularmente en la América colonial, celosamente protegida de la ingerencia del papado, la doble potestad de la Corona configuró y dio dirección a la iglesia allí asentada al margen de las disposiciones pontificias. Esa influencia, evidente en muy diversos momentos de la historia de la iglesia colonial, fue determinante durante el último tercio del siglo XVI cuando las catedrales indianas se dieron a la tarea de crear los cuerpos estatutarios que, en teoría, debían regir en adelante la vida eclesiástica de sus diócesis en concordancia con los decretos tridentinos. La autoridad real que pesó sobre aquella legislación no sólo radicó en la exigencia de que las normas elaboradas en concilio por esas iglesias fuesen entregadas antes de su publicación para ser aprobadas por el rey, sino también en el diseño mismo de los mandatos, así como en los alcances y los tiempos de su aplicación. Precisamente, en virtud de esa influencia del poder real sobre la iglesia colonial, es objetivo de este trabajo llamar la atención sobre la necesidad de matizar la afirmación ya clásica de la historiografía sobre la vigencia que tuvo el derecho canónico y la independencia de actuación que éste permitió a la clerecía en Indias, pues si bien es cierto que los monarcas nunca pretendieron desposeer a la iglesia y no violaron la letra de la ley canónica, diseñaron un sistema de control que en la práctica le mediatizaba. Con ese objetivo en mente, en la ponencia a presentar se ilustrarán los alcances que el juego político y los mandamientos de la corona tuvieron sobre la conducción de la iglesia americana a través del estudio del segundo concilio provincial mexicano (1565) y del tercero limeño (1583), centrándonos en la forma en que en éstos se legisló en torno al ejercicio de la jurisdicción episcopal sobre las parroquias indígenas. Problemática compartida que se utilizará a manera de ejemplo significativo. La elección del segundo concilio provincial mexicano obedece, por un lado, a la poca atención que ha recibido de la historiografía debido a la brevedad de sus normas y, por otro lado, al hecho de haberse celebrado en los primeros tiempos post tridentinos, lo que permitirá analizar las medidas inmediatas tomadas por la corte para conducir la aplicación de los dictados de Trento. La selección del tercer concilio provincial de Lima atiende por su parte, a muy diversas causas. A la gran influencia que la legislación conciliar limeña tuvo en la posterior mexicana, a que ambas provincias eclesiástica compartieron problemas similares, a que la política real sobre la iglesia no fue en modo alguno excepcional para la Nueva España, a la necesidad de dejar de ver los fenómenos ocurridos en la provincia mexicana como originales y, en cambio, llegar a partir de ellos a conclusiones extensivas para la iglesia Americana; en suma, a las evidentes ventajas que una perspectiva comparada aporta para la comprensión de los fenómenos particulares. |
| Mesa 2 |
| ¿Impotencia, autonomía o autarquía? Un periodo de consolidación de los poderes locales en el Imperio (1640-1750) |
Dr. Esteban Sánchez de Tagle En los textos de la reforma a la hacienda local de Ensenada en el siglo XVIII se supone causa del problema de la insolvencia generalizada de aquellos ayutamientos la inmovilidad de los capitulares. De hecho, era prejuicio generalmente dado por cierto que los problemas de los municipios se debían precisamente a la negligencia, cuando no a los malos manejos de los regidores perpetuos: los regidores que habían pagado por sus oficios; aunque también de quienes tradicionalmente los vigilaban como eran corregidores o Alcaldes Mayores. Aunque en un primer momento la solución planteada en dicha reforma haya estado limitada a las ciudades capitales de provincia en la Península, el problema del endeudamiento de las finanzas locales parece haber sido general, de toda la monarquía. Por lo menos también lo era para la capital de Nueva España donde las crisis financieras habían llegado a ser de escándalo. Si entonces todos parecieron estar de acuerdo con dicha supuesta negligencia, a un análisis histórico más acucioso esta explicación no puede resultarle suficiente. Los hechos exigen otras explicaciones que nos ayuden a entender el porqué de la generalidad del problema; que nos expliquen cómo se lograron conciliar riquezas formidables -como eran las del patrimonio de la Ciudad de México- con quiebras de escándalo. En fin, explicaciones que no sólo acusen a los cabildantes sino que nos ayuden a entender su supuesta inactividad, y en fin, que nos ayuden a entender aquella peculiar manera de sacar adelante la economía urbana |
Dr. Óscar Mazín Esta ponencia se inscribe en una indagación más amplia sobre las relaciones entre las potestades secular y espiritual en las Indias de Castilla. Caracteriza la actuación política y social de los obispos de la Nueva España con apoyo en una periodización en tres etapas: la de fundación de las diócesis hasta 1650; la de apogeo del episcopado hasta Ca. 1760, y la correspondiente al reformismo borbónico radical de la segunda mitad del siglo XVIII. El cometido principal de la ponencia es proponer algunas hipótesis y, consecuentemente, nuevas investigaciones. Se insiste en la segunda etapa subrayando el tema de las representaciones y los símbolos del poder. |
Dra. Yovana Celaya Una característica del sistema de administración fiscal en el periodo de los Habsburgo fue delegar en entidades políticas y económicas tareas propias de un cuerpo administrativo. En consecuencia, se observó un crecimiento de los poderes locales amparados en su capacidad de recaudar, distribuir y cubrir las necesidades financieras de la Hacienda virreinal; los casos más estudiados, el Cabildo de ciudad de México y el Consulado de comerciantes, evidencian la capacidad de negociación de las entidades locales frente a la incapacidad recaudatoria de la Hacienda virreinal. El objetivo de esta ponencia es avanzar en entender la lógica de un fenómeno como la participación de actores locales en materias de administración fiscal. Dicha lógica se explicará desde la participación de una entidad política, el cabildo poblano, en la administración del impuesto de la alcabala. La cesión de responsabilidades administrativas y fiscales en una entidad política se explica desde los beneficios que las autoridades locales, además del impuesto recaudado, proporcionaban a la Hacienda y beneficios también que dichos cuerpos obtenían de administrar una renta tan importante como la alcabala. El análisis muestra la importancia de los poderes capitulares como órganos políticos con capacidad de negociación frente a la autoridad virreinal y frente a la metropolitana, pero también la capacidad de negociación que dichas autoridades concedían al cabildo. Sin duda, un fenómeno en el que se observa el ejercicio de una gestión política local frente a las más o menos urgentes necesidades imperiales. |
| Mesa 3 |
| Proyectos y obstáculos en la racionalización del gobierno, (1750-1821) |
Dr. Carlos Garriga Acosta La ponencia aborda, de manera crítica y no descriptiva, la configuración institucional de la justicia y el gobierno en el período 1750-1821, que resultó ser de transición entre Nueva España y México y estuvo obviamente trenzado sobre la dicotomía continuidad/discontinuidad, haciéndose cargo principalmente de tres cuestiones.En primer lugar, se caracteriza sumariamente el orden jurídico-político implantado por la Monarquía católica en la Nueva España, descifrando las categorías y describiendo los dispositivos institucionales que servían para articular la justicia y el gobierno (en rigor, el gobierno de –o mediante- la justicia) del territorio tal como se encontraban a las alturas del siglo XVIII, en la medida imprescindible para comprender los ulteriores desenvolvimientos tanto discursivos como prácticos. Sobre esta suerte de zócalo jurídico-político, se revisa críticamente la dinámica estatal que solemos llamar “reformismo borbónico” hasta sus últimas derivaciones despóticas, principalmente para destacar su carácter complejo (cuando no contradictorio) e intensamente conflictivo, tratando de evaluar su alcance, determinar en qué medida supuso un cambio (o administrativización) en los modos de gobierno tradicionales y examinar cómo fue percibido por los principales sujetos políticos novohispanos. A partir del intenso y rico debate jurídico-político que los insólitos acontecimientos de 1808 abrieron en la Nueva España, en segundo lugar, se presta especial atención a la solución constitucional que recibió la crisis a escala de la Monarquía, tanto para caracterizar el constitucionalismo jurisdiccional formalizado en 1812 y articulado a los efectos que aquí importan sobre la reformulación de la tradicional dicotomía gubernativo-contencioso, como para evaluar su impacto sobre la configuración institucional del espacio político, centrado a los mismos efectos en “la revolución territorial de los pueblos mexicanos” (Annino) y a fin de cuentas sustanciado en el desplazamiento del tradicional “gobierno de la justicia” por una concepción política (esto es, representativa) del gobierno del territorio. Con este trasfondo (justicia v. representación), se exploran para terminar las posibilidades que cabían y los problemas que, a partir del viejo orden constitucionalmente mutado y sobre una base territorial tan intensamente pluralista, planteaba la institucionalización de un orden que fuera a la vez propio y común, mediante la construcción de un cuerpo político complejo capaz de aglutinar los poderes locales efectivamente constituidos, tal como se manifestaron en el momento de la independencia mexicana. |
Dra. Chantal Cramaussel Entre 1785 y 1810, las diputaciones mineras de la Nueva España enviaron regularmente al Real Tribunal de Minería con sede en la ciudad de México la matrícula de los reales de su jurisdicción y lo consultaron acerca de las medidas a tomar para garantizar el buen funcionamiento de los centros mineros. Muchas de las preguntas tienen que ver con el trabajo forzado. El estudio de esos documentos se complementa con otros provenientes de archivos locales. El mantenimiento del repartimiento de trabajadores indios y del trabajo compulsivo para las castas formaba parte del apoyo brindado a la minería por los Borbones porque el principal problema al que se enfrentaba esa actividad era la escasez de operarios. A negros y mulatos se les compelía a laborar acusándolos de vagancia y a los indios se les obligaba a desplazarse a las minas a título de tributación o mita. Se crearon así grandes circuitos de distribución de trabajadores a lo largo y ancho de la Nueva España. En Guanajuato había indios de Michoacán, en Pachuca estaban indios provenientes de los pueblos de la región circundante. A las minas de Chihuahua acudían cientos de indios provenientes de toda la sierra tarahumara que se "encuartelaban" en la villa. No eran indios apresados por vagancia sino que se trataba de tandas de trabajadores enviados desde los pueblos de misión hacia los centros agrícolas y mineros. Las resoluciones del Tribunal se apegan en lo posible a las ordenanzas reales de minería de 1783, que impusieron el respecto a la costumbre de cada lugar, incluso en el caso de las retribuciones a los operarios por su trabajo. Llama la atención la rapidez con la que llegaban los correos a las diputaciones mineras más apartadas, mientras que los casos de extravíos de misivas eran excepcionales. Al parecer las órdenes del tribunal eran obedecidas y fueron relativamente pocos los problemas de jurisdicción que surgieron entre diputaciones mineras, intendencias y reales audiencias. |
Dra. Claudia Guarisco Mi ponencia tiene dos objetivos centrales. Primero, reflexionar en torno al impacto de las Reformas Borbónicas entre la población nativa de la Intendencia de México, organizada política y administrativamente en torno a los cabildos particulares a su estamento. En segundo lugar, tratar de entender la naturaleza y magnitud de las transformaciones experimentadas por esos gobiernos, durante la vigencia de la Monarquía Constitucional. La pregunta que guiará ese recorrido tiene que ver con el debate sobre la autonomía municipal que actualmente atraviesa los trabajos de muchos historiadores en México. Algunos autores afirman que aquella se perdió bajo los Borbones y se recuperó entre 1812 y 1821 (Tanck de Estrada, Annino y Caplan, entre otros). Otros afirman que las libertades estuvieron presentes a lo largo de todo el período (Rojas, Lempérière). Entre los historiadores que defienden la tesis de la constante presencia de la autonomía prevalece, asimismo, la idea de que el poder político en el México de finales del siglo xviii y principios del xix estaba distribuido en las diferentes corporaciones que componían el reino. Al parecer, el estado no existía. Organizaré mi ensayo a partir de un pequeño grupo de conceptos provenientes de la literatura sociológica y antropológica, como tradición y modernidad y estado colonial. Luego de analizar el sentido de las dos primeras, intentaré utilizarlas como criterio de evaluación de las transformaciones experimentadas por los cabildos de indios en el período comprendido entre las Reformas Borbónicas y la Monarquía Constitucional. Haré otro tanto con la noción de estado colonial, esta vez para revisar su utilidad en la comprensión de la relación población nativa - poder político a lo largo del período bajo estudio. Finalmente, bosquejaré algunas ideas a propósito de la comparación en la historia y de su relevancia para la construcción de ese saber. |
Dr. Carlos Herrejón
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| Mesa 4 |
| El debate por la nación y la construcción de un nuevo modelo político (1821-1876) |
Dra. Ma. Refugio González Las instituciones que servirían de base para la construcción de un nuevo Estado después de la Independencia provienen del movimiento ilustrado que se desarrolló en Europa durante el siglo XVIII. En México, el modelo es claramente “recibido” y encontró posibilidades de arraigar en las élites locales y desarrollar sus propias características. Dos elementos resultaban fundamentales en su diseño: la elaboración de constituciones y la sustitución del orden jurídico colonial por uno propio que reflejara las especificidades de la nación. Con la emancipación política tomaron carta de naturaleza las ideas de libertad e igualdad que habían sido la base, en otros países, para dejar de lado al Antiguo Régimen. Ambas debían implantarse en una sociedad caracterizada por la existencia de dos Repúblicas, la de indios y la de españoles y el régimen de no libertad en el comercio, la prensa, la religión y el trabajo, por lo menos. Ante la imposibilidad de sustituir el derecho divino de los reyes a gobernar como base de la legitimidad del gobernante, se buscó desarrollar la opción republicana, bien fuera en su forma central o federal, sin abandonar la idea de una monarquía constitucional, más acorde con la forma de gobierno anterior. Sin embargo, la disputa constante de la Iglesia universal y los católicos tradicionalistas por reivindicar la jurisdicción temporal en el nuevo orden de cosas, desgastó al país y constituyó un serio obstáculo para implantar las nuevas instituciones. A la postre, el Estado sólo pudo conformarse cuando fue posible asignarle a la estructura eclesial un papel distinto al que había tenido en el virreinato de la Nueva España. Para entonces, el territorio se había reducido y la población no se había homogeneizado. La Constitución de 1857 y las Leyes de Reforma permitieron conformar un Estado sustentado en las libertades que se postularon desde antes de la independencia. Ese Estado se consolida a sólo unos lustros de que un nuevo movimiento armado, que reivindica una serie de derechos para buena parte de la población, implique al país. |
Dra. Beatriz Rojas "...Se han separado las atribuciones administrativas y judiciales confundidas antes en los funcionarios subalternos". Con esta frase explicada en 1847 el congreso del estado de Chihuahua las reformas elaboradas a su constitución. Ésta es una de las interrogantes que dirigen este trabajo: averiguar como se planteo a partir de cadiz el gobierno de los pueblos. Mucho se ha escrito sobre esto, sin embargo, muy poco sobre el asunto de la asignación de atribuciones a los ayuntamientos y jueces ordinarios, y lo que esto significa en cuanto a la concepción del gobierno del ayuntamiento. Se trata de explicar cuál y cómo fue la respuesta a niveles locales en el proceso de la transición de un sistema de gobierno sustentado en la justicia a otro sustentado en la administración, asunto de gran envergadura que pocos historiadores han abordado de frente. En principio, la revisión abarcará hasta 1835, aunque puede ser válido hasta 1856, año sin duda crucial en el proceso de transformación del antiguo régimen y de adopción del nuevo. David Brading y Annick Lémpèriere han propuesto esta fecha como término de una época (era) e inicio de otra, me adhiero a esa propuesta y a lo largo de esta exposición espero exponer mis razones. Para abordar este problema lo haré a través de las nuevas propuestas de gobierno y la actitud que adoptaron los pueblos hacia ellas. El punto de partida es sin duda Cádiz, aunque habrá que explicitar cual de las lecturas que se han hecho de la Constitución Española es la que se adopta, detalle de suma importancia pues de él depende que se vea al momento gaditano como una ruptura o como una depuración del régimen vigente. Un aspecto que impide una generalización del proceso es que a partir de la adopción del sistema federal cada estado adoptó una política particular. |
Dr. Hira de Gortari Se revisarán las principales características de la organización política territorial desde las últimas décadas del siglo XVIII y durante la primera república federal tomando en cuenta al conjunto de la Nueva España y el México bajo el federalismo desde una perspectiva que incluya al conjunto de intendencias y estados y territorios respectivamente con el propósito de establecer comparaciones en lo que se refiere a su organización y sus principales componentes territoriales y su grado de ruptura y continuidad. Asimismo, se analizarán las formas de gobierno y control a partir de las estructuras de mando puestas en marcha, también con un criterio comparativo, que permita distinguir sus principales tendencias, distinguiendo entre el régimen preconstitucional hasta la irrupción del periodo constitucional de Cádiz a las constituciones de los estados y las leyes y decretos de organización territorial. Por otra parte, se indagará en la representación política territorial del periodo federal en sus diferentes niveles desde el gobierno general, los estados y territorios como los cabildos y el poder legislativo a escala de las cámaras generales como estatales. Un criterio que conducirá el análisis será la estrecha relación entre la historia y la geografía política y la organización política territorial y los intereses de las elites. |
| Mesa 5 |
| Nación y modernización: los problemas del nuevo modelo político (1821-1876) |
Dr. Rafael Rojas
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Dra. Daniela Marino Este trabajo estudiará la relación entre los pueblos del centro de México y el Estado en el periodo 1821-1876. Es mi objetivo comprender la participación de grupos indígenas y campesinos en la política, como respuesta a los importantes cambios propuestos a la organización y vida cotidiana de los que habían sido “pueblo de indios” por la legislación y las acciones de los gobiernos estatales y federales a lo largo del periodo mencionado. En ese marco, analizaré las ideas y prácticas jurídicas y políticas presentes en la cultura de la población campesina que se manifiestan y desarrollan en torno a dos ejes de conflicto: el gobierno municipal y de los pueblos y, muy relacionado con éste, el control de sus recursos comunes. Los medios y estrategias utilizados por los actores colectivos fueron diversos: destacan la participación electoral, los levantamientos, las peticiones a la autoridad y el recurso judicial. El trabajo otorgará un papel preponderante al campo jurídico, particularmente en lo que atañe al cambio del modelo de propiedad. En primer lugar, porque considero que subyacente a las transformaciones deseadas y propuestas en todos los demás aspectos y órdenes de la vida nacional se encontraba el cambio del marco jurídico, en gran parte porque las mismas élites políticas concebían a la ley como el instrumento idóneo para transformar a la sociedad. En segundo lugar, porque estimo que dichos cambios en el ordenamiento jurídico de la sociedad nacional no fueron fácilmente aceptados y adoptados por todos los actores. Muchos actores colectivos resistieron a lo largo de todo el siglo los embates estatales contra la fortaleza y autonomía que mantenían las corporaciones, como lo fue, por ejemplo, la quita de su personalidad jurídica, sancionada por la legislación y la jurisprudencia federal en 1856-57. Los pueblos indígenas –las sociedades locales en general- habían adquirido una amplia cultura jurídica durante el periodo colonial y, a pesar de esta negativa, no dejaron de acudir colectivamente a la justicia como ámbito de resolución de conflictos. La arena jurídica siguió siendo un campo de lucha y de tensión, donde grupos de vecinos, de indígenas y pueblos se manifestaron como actores políticos al discutir el proyecto liberal -por lo menos en los aspectos que evaluaron como perjudiciales a sus intereses- y debatir, presentándose una y otra vez ante la justicia, el decreto de su supuesta inexistencia. |
Dr. Luis Jáuregui Frías
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Dr. José Manuel Villalpando César Las reformas en materia económica durante los gobiernos de Juárez, Lerdo de tejada y Porfirio Díaz pueden ser consideradas como un fracaso en su momento. Sin embargo, pusieron los cimientos para reformas que fueron exitosas mucho tiempo después. |
| Mesa 6 |
| Afianzamiento del sistema político y reajustes (1876-1940) |
Dra. Elisa Cárdenas Ayala La crisis política final del porfiriato, aquella que evidenció la incapacidad del régimen para renovarse más allá de la figura de Porfirio Díaz, puso también de manifiesto el surgimiento de nuevos actores y nuevas prácticas, cuyo devenir dibuja los contornos de una revolución de los modos de hacer política. La construcción ulterior de un “campo” y un discurso “revolucionarios”, en que se apoyó la edificación del Estado del siglo XX, que postergó el proyecto de construcción democrática y definió otras prioridades (como la justicia social o el reparto de la tierra), marcó también la historiografía y muchos de estos actores han pasado por períodos de prolongado olvido o se han visto reducidos a estereotipos. El examen de su historia permite rescatar la función de prácticas políticas nuevas y entender, de paso, cómo “La Revolución” construyó a sus enemigos, definió un lenguaje de estigmas, así como espacios del campo político asociados a lo legítimo e ilegítimo que marcaron el sistema político a lo largo del siglo XX. El análisis de los años 1909-1913 permite, además, comprender el proceso de construcción de un concepto de revolución, cuyo contenido se impone y opaca la importancia de la transformación de lo político. Se centrará dicho análisis en el caso del estado de Jalisco, que al respecto resulta paradigmático. |
Dra. María Luna Argudín
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Dr. Pablo A. Piccato El homicidio común se convirtió en el centro de discusiones críticas sobre el régimen posrevolucionario. Este trabajo examinará cartas a los presidentes, la nota roja, la novela policial y otros testimonios para examinar cómo las narraciones sobre este crimen pusieron en juego un discurso crítico sobre el sistema judicial, la policía y todo el sistema político en el que los actores gozaron de una libertad de expresión que no se encuentra en otros campos del discurso público durante el período. |
Mtra. Cecilia Adriana Bautista García En el presente trabajo veremos cómo, en la coyuntura de los gobiernos liberales, se llevó a cabo la formación de nuevas comunidades religiosas de vida activa que se amoldaran a las exigencias políticas, económicas y sociales que el país demandaba. Para ello abordaré los casos de las primeras comunidades fundadas en México hacia fines del siglo XIX y principios del XX. Mi argumento expondrá que el modelo de las congregaciones respondió a los esfuerzos de la jerarquía por proyectar a la Iglesia como una institución de orden y cohesión social, renovada y progresista, necesaria para acompañar el avance del Estado. Y es que además de promover la renovación espiritual del catolicismo, las congregaciones pretendieron resolver parte de la problemática social generada por el capitalismo, a través de dos aspectos: por un lado, la expansión de un discurso sobre la revaloración del trabajo como sustento del progreso y la conciliación social; y por otro, la recomposición de la labor caritativa, por medio de la fundación de organizaciones de auxilio social. Esto evidencia una nueva postura del clero mexicano frente al régimen liberal, cuando la búsqueda por lograr una base social que compensara la debilidad política de la Iglesia, llevó a la jerarquía a comprender que, efectivamente, el catolicismo podía desarrollarse en el Estado moderno beneficiándose de la posición que le había marcado el liberalismo. Por ello, más que ser parte de un proyecto católico opuesto al liberalismo, que ofreciera una verdadera alternativa al Estado liberal, las congregaciones de vida activa resultaron una vía para “catolizar” sus principios y apoyar su desarrollo, además de un recurso para abrir nuevos espacios de representación social para la Iglesia en un mundo en donde la secularización ganaba terreno. |
| Mesa 7 |
| Política y sociedad en el México contemporáneo: los problemas de la construcción del estado (1940-2000) |
Dr. Seth Fein
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Dr. Alejandro Agudo Mediante el examen de los modelos, las narrativas y los encuentros implicados en particulares intervenciones del desarrollo social en México, la ponencia ofrece una novedosa perspectiva antropológica sobre la importancia de las políticas públicas en las relaciones entre el poder político y diversos actores sociales. El enfoque de las políticas como meros vehículos ideológicos, o como instrumentos para la construcción de subjetividades y la organización de personas dentro de sistemas de poder y autoridad, puede llevarnos a construir el desarrollo social como una intervención del “gobierno” sobre las “comunidades”: las instituciones, los planificadores y los “expertos” aparecen entonces como los principales agentes-sujetos del conocimiento y las intervenciones de la política. Al prestar mayor atención a los grupos de actores implicados en la intermediación de las relaciones del desarrollo y la recepción de los mensajes y acciones de las políticas sociales, por el contrario, se nos revela un mundo en el que los intereses y las prácticas son siempre híbridos y donde los ámbitos de la “razón” y el “mundo real” resisten dicotomías estrictas entre expertos y beneficiarios, entre dominación y resistencia, o entre los conocimientos “científico” e “indígena”. De entre los diversos puntos de entrada que ofrecen estas cuestiones para el examen antropológico de las políticas, el presente trabajo se ocupará de dos temas principales y examinará la relación entre ambos: las políticas públicas como forma de racionalidad política y lenguaje de poder, por un lado, y como producto de la intermediación y la traducción entre diversos actores, por el otro. Finalmente, el trabajo concluye con una necesaria reflexión sobre el papel de un tipo particular de actor intermediario en la política pública, esto es, el antropólogo, así como sobre las implicaciones que para la antropología pueden tener la investigación y la presentación de resultados derivados del trabajo en el ámbito de las políticas. |
Dra. Verónica Oikión La hipótesis que guía esta ponencia se refiere a la posibilidad de discernir la Reforma del Estado en México como un punto de inflexión obligado por parte del sistema político para frenar la posibilidad real de una conjunción, un enlazamiento y un crecimiento desorbitado y fuera de control de movimientos sociales, izquierda partidista y grupos armados, ante la eventualidad de que pudiesen poner en jaque al sistema en su conjunto. Los detentadores del poder político se han visto obligados desde la segunda mitad del siglo XX, y hasta la actualidad, a delimitar y canalizar en el ámbito institucional a los movimientos sociales y a la izquierda partidista, así como quebrantar el avance y el hostigamiento de los grupos armados de filiación socialista. Todo ello con el propósito de aminorar el impacto de su accionar político en las estructuras del Estado. De ahí que los resultados no hayan sido del todo óptimos tanto para el Estado mexicano como para los distintos estratos de la sociedad. La oposición armada al día de hoy, todavía es una asignatura pendiente que las instituciones políticas del Estado no han resuelto, debido a que su propuesta de Reforma carece de una visión humanista y con sensibilidad social, que implique, sobre todo, la idea fundamental de mandar obedeciendo. |
| Mesa 8 |
| La sociedad y el poder en el México contemporáneo (1940-2000) |
Dr. Alberto Olvera Rivera La política en México en el siglo XX mexicano está definida por la larga noche del autoritarismo corporativo. Este régimen anuló los espacios de acción y las condiciones de emergencia de la sociedad civil. De manera tardía, una sociedad civil moderna surge en México a partir de la década de los años setenta, combinando movimientos sociales populares y un vasto movimiento sociolcultural de izquierda qie marca una forma radical específica de entender la política. En contraposición, se extiende y se consolida una vasta red de organizaciones conservadoras que en los años ochentas constituirán la base social de un reactivado PAN y el entramado social de la política de derecha en el nuevo siglo. La derrota de la izquierda cultural es el contexto de la política partidaria de izquierda en México, casi monopolizado por el PRD, un partido conservador, heredero ideológico del viejo régimen, que muy pronto pierde sus raíces originales en la sociedad civil urbana moderna. Ésta se concentra en los años noventa en la lucha por la democracia, y la alternancia tiene el efecto paradójico de profundizar su invisibilidad y reducir su influencia pública. La transición es así un proceso incompleto, en el que el partido del viejo régimen conserva un poder de veto casi absoluto sobre todos los ámbitos significativos de la política, lo cual implica la continuidad de las prácticas y de la cultura politica del régimen clientelar-corporativo y un peligroso potencial de plena restaurción príista en el corto plazo. |
Dr. Roberto Gutiérrez López
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Dr. Marco A. Estrada Saavedra Se ha sugerido frecuentemente que el antecedente ideológico y organizativo directo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) ha sido la catequesis indígena llevada a cabo, desde mediados de los años sesenta en adelante, por la diócesis de San Cristóbal de las Casas en sus distintas zonas pastorales. Con el fin de someter a prueba el valor de esta afirmación, en esta ponencia me ocuparé de las siguientes preguntas: ¿podemos considerar como legítima la identificación in toto entre los zapatistas y los cuadros catequistas? ¿Cuál ha sido la importancia de “liberacionismo católico” para luchas populares de los indígenas chiapanecos? ¿Cómo contribuyeron las creencias religiosas en las motivaciones de un sector de campesinos indígenas para participar en el movimiento revolucionario organizado por la guerrilla del EZLN? ¿Cuáles han sido los usos políticos de la religión y los usos religiosos de la política en la formación y transformación del neozapatismo. |